¿Habrá posible golpe de Estado contra el presidente Petro?

El sacerdote jesuita Javier Giraldo (1944), defensor de derechos humanos en Colombia, habla en una entrevista sobre la necesidad de cambios estructurales en la sociedad colombiana para lograr la paz. E insiste en los “cambios estructurales” que necesita la sociedad colombiana para salir del conflicto, señalando la urgencia de intentar nuevas fórmulas de negociación. Lo contrario, asegura, es “el reciclaje” de la violencia.

También se refiere a las Agc o Clan del Golfo, una organización que tiene una base social en la región de Urabá y que cuenta con el apoyo de la Fuerza Pública y el empresariado local.

Giraldo denuncia que existe una política de camuflar el paramilitarismo en la región y señala la urgencia de intentar nuevas fórmulas de negociación para evitar el reciclaje de la violencia. La entrevista tuvo lugar el miércoles 19 de abril, en las oficinas del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en Bogotá, después de que el Centro de Investigación y Educación Popular presentara un informe sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia durante el segundo semestre de 2022, periodo que coincide con el comienzo del mandato de Gustavo Petro como presidente.

Las Agc o Clan del Golfo acaban de hacer una demostración de fuerza con un paro realizado en el Bajo Cauca y las marchas que efectuaron el 9 de abril en Urabá.

 

¿Tienen una base social como estos grupos sostienen?

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, opina que las Agc o Clan del Golfo tienen una base social en Colombia.

Por ejemplo, en San José de Apartadó, han cooptado la mayoría de las juntas de acción popular y muchos de sus líderes caminan con ellos. Además, han construido su dominio territorial con el apoyo de la Fuerza Pública. Giraldo cree que la presión de la comunidad internacional ha llevado a una transformación de las relaciones entre los grupos armados y el Estado, aunque estos han camuflado el paramilitarismo.

En Urabá, por su parte, las Agc tienen un dominio absoluto después de la desmovilización de las FARC y cuentan con el respaldo del empresariado, los alcaldes y los concejales. Incluso, manejan los procesos electorales en la región.