Les embolataron la ‘platica’

Corporación Mi IPS Llanos Orientales, debe millonaria suma a exempleados en Granada


Liquidaciones de años pasados y cesantías hacen parte de las obligaciones que tras meses de terminación de contratos, no han sido canceladas a los extrabajadores
Claudia Maritza Corredor Camargo, es una de las afectadas, ella inició a trabajar en la Corporación Mi IPS Llanos Orientales, entidad prestadora de servicios exclusivos a usuarios de Medimas EPS, en el mes de octubre del año 2012, desempeñando el cargo de auxiliar operativo en línea de frente, es decir, atención al usuario (caja, asignación de citas, ingreso de pacientes, entre otras tareas).
En su declaración señala que al momento de ingresar a la entidad debió firmar un contrato por 6 meses, sin embargo, también tuvo que firmar una carta de no renovación de contrato y así sucesivamente durante los siguientes periodos contratados. Misma figura de contratación se realizaba con sus compañeros, que aunque en su momento consideraron inusual la situación, no le prestaron mayor atención, ni a eso, ni al hecho de que durante un año los tuvieran sin seguridad social, pues la necesidad de trabajo para ellos, primaba sobre cualquier irregularidad por parte de la Corporación. «No nos tenían afiliados al servicio de salud y cuando ocurría alguna emergencia o se enfermaba alguien, entonces llamaban y nos activaban en el sistema para que nos atendieran y luego nuevamente nos desactivaban», explicó Liliana Vanegas, otra de las víctimas.
Para esa fecha el jefe directo de Claudia y sus compañeros, era la Dra. Mery Lizeth Zambrano, coordinadora médico de San Martín y Granada. Para mayo de 2018 llegó una nueva coordinadora, la jefe María Luceli Guativa Bobadilla, y quien según lo declarado por los trabajadores, realizó despidos masivos sin justificación.
«Al llegar la jefe Luceli empezó a despedir gente con la justificación de que había mucho personal para los usuarios que se atendían. Mi contrato se vencía el 17 de junio de 2018 y no me habían informado que me iban a sacar, incluso no tuve la oportunidad de presentar la evaluación de desempeño, no me informaron nada, sino que de manera arbitraria me sacaron. Había una enfermera que pasó hoja de vida para hacer las vacaciones de otra enfermera, pero la jefe Luceli 4 días antes de salir, prácticamente me la sentó encima y me ordenó que le diera la inducción, así no más sin avisarme ni nada», Claudia Corredor.
Pero si para Claudia en ese momento era alarmante el hecho de quedarse sin trabajo, era aún más preocupante lo que estaba por venir y la situación que tanto ella como otros 17 excompañeros suyos deberían enfrentar.
Una suma de $2.031.846 por concepto de liquidación de 18 meses trabajados, la cual está con corte a noviembre de 2017, más la liquidación del tiempo laborado durante el 2018, de la que aún no sabe el valor, pues ni el documento se lo han entregado, son los dineros de los cuales la mujer solicita se le haga el pago inmediato.
Como si no fuera suficiente, tampoco le han querido entregar la carta laboral donde certifican el tiempo trabajado y su estado de desempleo, situación que le afecta enormemente puesto que es un requisito primordial para ser contratada nuevamente.
En medio de su angustia ella se dirigió hasta la Oficina de Trabajo, pero tras días de espera sin obtener respuesta se acercó nuevamente para preguntar sobre el estado de su proceso y lo único que le contestaron es que debía iniciar un proceso de cobro a través de un abogado, lo que también es absurdo, pues aunque el dinero que le deben representa mucho para la economía de su familia, no es un monto que justifique el pago de un abogado y de ser así tampoco cuenta con los recursos para hacerlo.
«Mi petición va dirigida al doctor Fernando Sarmiento Ayala, gerente de Corporación IPS Llanos en Bogotá. Le solicito que me cancele mis liquidaciones que están ya vencidas y que me entreguen mis documentos para poder ser contratada nuevamente. El dinero que me deben es producto de mi trabajo», pidió públicamente Claudia.
No muy diferente es el caso del médico general Alex Trujillo, quien trabajó desde el año 2016 con la IPS Llanos Orientales. A pesar de que los pagos de sus salarios siempre fueron cumplidos, a la fecha tampoco le han cancelado la liquidación de los primeros 18 meses laborados, suma que asciende a $8.000.000, y al igual que a Claudia, tampoco le han entregado el documento de la última liquidación, por lo cual también desconoce el valor que le adeudan.
Él también se dirigió hasta la Oficina de Trabajo para solicitar orientación pero la respuesta ha sido poco alentadora. «Citaron a conciliación al representante legal de la Corporación pero este nunca asistió, se solicitó otro derecho de petición, pero nunca me han dado una respuesta satisfactoria, solo me dicen que están mal económicamente, que van a mirar como solucionan. Me dieron un número que casi nunca responden y cuando lo hacen me dicen que llame en la tarde y cuando vuelvo y llamo nunca contestan. En la Oficina de Trabajo me dijeron que iniciara un proceso con abogado el cual ya está en curso», Alex.
Liliana Vanegas, y Vanessa Alfonso, también trabajaron con la entidad en mención. Aunque corrieron con mejor suerte que otros de sus excompañeros, a ellas también les están debiendo dinero por concepto de cesantías. En el caso de Lilian, tras varias solicitudes y trámites le enviaron un pantallazo donde certifican que le consignaron $978.000, sin embargo, cuando ella llama al fondo de cesantías, estos solo le confirma que tiene consignados $550.000. «Estoy solicitando la carta para el retiro del dinero pero ellos no me la quieren entregar porque es evidente que no tienen todo consignado», declaró Liliana.
Vanessa por su parte ha realizado varios derechos de petición a los cuales simplemente le contestaron, que el dinero iba a ser consignado a un fondo, plata que nunca ha llegado, «siempre realizamos el trabajo al 100% cumpliendo con todas las metas, pero ellos han sido extremadamente injustos con nosotros», dijo Vanessa.
Estos son apenas 4 de los 17 casos que de acuerdo a lo revelado existen en el municipio de Granada; a unos les deben liquidaciones, a otros cesantías, dineros que como la ley lo ordena debieron ser cancelados al momento de la terminación del contrato, pero que la entidad les tiene ‘embolatados’, razón por la cual se vieron obligados a denunciar públicamente.
«A través de ustedes queremos ver si podemos obtener alguna respuesta, consideramos que nosotros los trabajadores estamos siendo afectados de alguna u otra manera. Si estamos cobrando es algo que nos deben, no estamos pidiendo regalado. No queremos más evasivas, solicitamos una respuesta concreta porque estamos cansados de los contentillos», expresaron algunos de los perjudicados.

Destacado
«Hay un ‘run run’ desde Villavicencio, que señala que los directivos tienen planes de hacer lo mismo que hizo SaludCoop y tumbarse esa ‘platica’. Sabemos que en San Martín también hay compañeros con la misma situación, ejemplo claro es el de la trabajadora social a quien hace tres años la sacaron y nada que le pagan su liquidación», dijeron