Reportero de los Hechos

¿Cómo funciona el nuevo Código de Policía

Por: Giancarlo Mijaíl Baena Rubio / Abogado conciliador, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses / Universidad Católica de Colombia

En el artículo anterior, hice referencia a algunas de las múltiples conductas que pueden acarrear sanciones con la vigencia del nuevo código. De las sanciones solo mencioné las de ca­rácter económico, defini­das en multas generales; sin embargo el código plantea también las multas especiales, que se dividen a su vez en 3 tipos: i) Com­portamientos de los orga­nizadores de actividades que involucran aglomera­ciones de público comple­jas, que contempla multas entre 100 a 800 salarios mínimos legales mensua­les vigentes, dependiendo de la cantidad de personas presentes en la actividad; ii). Infracción urbanística, que aplican multas de 5 a 25 salarios mínimos le­gales mensuales vigentes, dependiendo del estrato donde se encuentre ubi­cado el inmueble causa de la sanción; y iii) Con­taminación visual, sancio­nando, dependiendo de la gravedad de la conducta y la dimensión usada indebi­damente, multa de 1.5 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se debe aclarar que se­gún el código de Policía las multas hacen parte de unas medidas correctivas, las cuales, aparentemente ninguna de estas medidas tienen carácter sanciona­torio, idea con la que dis­crepo, pues muchas de las multas tienen naturaleza sancionatoria. Dentro de estas medidas correctivas existen, además de las multas, la amonestación, la participación en programa comunitario o actividad pe­dagógica de convivencia, la disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas, la expulsión de domicilio, la prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas, el decomiso, la construcción, cerramiento, reparación o mantenimien­to de inmueble, la remo­ción de bienes, la repara­ción de daños materiales de muebles o inmuebles, la reparación de daños ma­teriales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, el restableci­miento del derecho de ser­vidumbre y reparación de daños materiales, la resti­tución y protección de bie­nes inmuebles, la destruc­ción de bien, la demolición de obra, la suspensión de construcción o demolición, la suspensión de actividad que involucre aglomera­ción de público compleja, la suspensión temporal de actividad, la suspensión definitiva de actividad y la inutilización de bienes.

Pero ¿Cuál es el procedi­miento para aplicar estas medidas correctivas? Las medidas serán aplicadas mediante un proceso úni­co de policía, trámite que en cualquiera de sus mo­dalidades pretende ser ex­pedito, en relación con las múltiples conductas san­cionables. El primero, es el proceso verbal inmediato, que recae en los asuntos de competencia del perso­nal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los coman­dantes del Centro de Aten­ción Inmediata de Policía. El proceso inicia de oficio o por petición de algún inte­resado, la autoridad de po­licía acudirá en lo posible al lugar de los hechos para informar la conducta con­traria a la convivencia; el presunto infractor será es­cuchado en descargos. La Policía pondera los hechos y procura una mediación entre las partes para llegar a un acuerdo, y si no pros­pera, se impone la medida correctiva. Contra la deci­sión procede el recurso de apelación dentro de las 24 horas siguientes, y será re­suelto por el inspector de Policía a más tardar a los 3 días del interpuesto el recurso.

El segundo procedimiento, el proceso verbal abrevia­do, se llevará por conduc­tas de competencia de los inspectores de Policía, los alcaldes y las autoridades especiales de Policía (sa­lud, seguridad, ambiente, minería, etc.). Su iniciación es de oficio por petición, como en el procedimiento anterior. Cuando exista fla­grancia, la autoridad de po­licía podrá iniciar audiencia pública inmediatamente, de lo contrario se citará al quejoso y presunto infrac­tor. La audiencia pública se inicia con la exposición de hechos y pruebas de cada una de las partes. Luego de escuchar los argumentos, se invita a las partes a con­ciliar. Agotado lo anterior, existe un término para de­cretar y practicar pruebas solicitadas de máximo 5 días (término irrisorio a mi parecer, pues puede pre­sentarse casos en que las pruebas solicitadas puedan tardar más). Como última etapa del procedimiento se indica si hay lugar o no a la medida correctiva, deci­sión que es susceptible de recursos –de reposición en subsidio el de apela­ción- los cuales se deben sustentar en la misma au­diencia. La reposición se resuelve inmediatamente; la apelación es remitida ante el superior jerárquico –dentro de los dos días si­guientes- y sustentada –en los dos días siguientes re­cibida la apelación-, recur­so que debe ser resuelto a los 8 días siguientes a más tardar. En firme la deci­sión, se debe dar obligato­rio cumplimiento, máximo en los 5 días siguientes.

La Policía siempre pro­curará acudir a los me­canismos alternativos de solución de conflictos, ta­les como la conciliación o la mediación, (siempre y cuando éstos medios sean procedentes) con el fin de evitar que las diferencias no lleguen a instancias más altas.

Vale recordar que al no acatar una orden o decisión de Policía, puede incurrir en el delito de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE PO­LICÍA, contenida en el artí­culo 454 del Código Penal y que señala una pena de 16 a 72 meses de prisión y multa de 6.66 a 75 salarios mínimos legales mensua­les vigentes.